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NOTICIAS Y PUBLICACIONES


12 Ago 20

LA INNOVACIÓN DE LAS MARCAS EN TIEMPOS DE COVID 19

adminWP


Nos encontramos ante una realidad que viene a romper con muchos paradigmas de la vida cotidiana, en múltiples aspectos: el social, económico, laboral, familiar… el llamado y la recomendación a establecer un confinamiento en casa para la preservación de la salud, hoy en día es la mejor arma para hacer que pase más rápido la pandemia.

El aglomeramiento de personas, el contacto físico entre individuos es la principal causa de contagio y propagación del virus, y contra eso, los gobiernos del mundo han estado estableciendo medidas de previsión y control sanitario que conforme a sus marcos constitucionales y acuerdos internacionales les permiten emplear. El llamado #QuédateEnCasa, principal medida contra la pandemia está cerrando vías comerciales, está cerrando negocios… es un “Daño Colateral”.

La oferta y la demanda que de forma física y que comúnmente se realiza para entregar y/o adquirir un producto y/o un servicio, y la propia realización de estos insumos de acuerdo a la logística y planeación, están también siendo cambiados por el peligro que representa aglomerar personas para trabajar y llevar la producción común de las cosas, así como su comercialización y negociación.

En una situación de cambio constante y con las secuelas que dejará el shock de la pandemia, las marcas que no innoven en su imagen y en la forma de llevar su negocio, podrán verse rezagadas y al final perder clientes que las mantengan a flote, por lo que el cambio y adaptación deberá ser de inmediato.

Es momento de demostrar la capacidad de transformación y adaptación que se adecue a las presentes necesidades, no sólo de sus estrategias, sino en ocasiones, incluso, de sus modelos de negocio. En este sentido, es significativo. Un plan rígido puede convertirse en una cárcel para la consecución de los resultados en un entorno cambiante. La importancia de construir y, sobre todo, de gestionar marcas con una identidad sólida, pero maleable, que pueda adaptar su estrategia de negocio sin traicionar su esencia, es la clave para saber responder con coherencia a diferentes escenarios.

Hoy en día marcas conocidas, están cambiando sus signos distintivos, lemas como: “para compartir y disfrutar en familia” están siendo sustituido por: “Hoy estar separados es la mejor manera de estar juntos”…

Y no solo lemas, marcas mixtas e inominadas están mandando señales claras para promover en el público la sana distancia, el saludo de etiqueta y el resguardo en casa, esto sin perder la presencia en el comercio y la oportunidad de seguir publicitando sus productos y servicios con la posible promesa de llevar a cabo los protocolos de seguridad sanitaria para ello. Aquí, unos ejemplos:

Al igual que otras iniciativas como #QuédateEnCasa, las marcas están asumiendo la misión de enviar un mensaje conciso sobre el covid-19: Es momento de mantener la distancia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha establecido como medida preventiva marcar una distancia de 2 metros entre las personas. Ya sea separando los elementos de sus logotipos o las letras de sus nombres, las empresas insisten en recordar esa regla para evitar la propagación del virus.

Ante la situación actual, es posible que algunas marcas de productos y/o servicios estén perdiendo importancia relativa. Por eso, en este momento es esencial que las marcas tengan empatía y reestructuren sus estrategias comerciales para mantenerse competentes y productivas.

Nos encontramos en tiempos difíciles, esto genera un cambio, la forma en la que normalmente se estaba llevando a cabo el comercio de productos y servicios al público consumidor, está siendo forzada a publicitarse, contratarse, prestarse y/o entregarse, evitándose el menor trato físico con el cliente, la relación en una compra-venta ya no puede practicarse de la forma convencional frente a frente, físicamente sin tener que implementar protocolos de seguridad sanitaria para efectos de evitar las congregaciones y el posible contagio en multitud.

En la era de los cambios extraordinarios, es primordial mantenerse a la vanguardia, las marcas buscarán más que nunca tener una visión completa del panorama de la realidad y trabajar siempre un paso adelante. El apoyo en el análisis predictivo puede ayudar a mejorar la capacidad de reacción y a estar preparados a la hora de tomar decisiones en función de la situación.

Debemos mantener la salud física y de igual forma, la salud financiera, para eso, tal vez, la pandemia pueda reforzar el rol de las relaciones afectivas, de la construcción de valores de equipo en las compañías y la importancia de la lucha y la colaboración conjunta para superar “el resfriado”, y ese es un mensaje claro que las grandes marcas nos pueden estar enseñando para adoptar e implementar.

Jorge Tapia

BGW Legal.

12 Ago 20

LIBERACIÓN DE PATENTES POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA ANTE EL COVID-19

adminWP

¿LETRA MUERTA O POSIBILIDAD ABIERTA?

Ante la coyuntura Nacional e Internacional que vivimos hoy en día con la pandemia de la sepa del nuevo virus conocido como COVID-19, resulta necesario analizar los diversos mecanismos existentes en la legislación mexicana, que en un momento determinado nos permitan hacer uso libre de las patentes concedidas a favor de medicamentos, nuevas tecnologías o incluso, de la tan esperada vacuna.

Un ejemplo de ello es la licencia por causas de utilidad pública prevista en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su artículo 77, la cual podría ser clasificada como una limitación al derecho exclusivo constituido a favor de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora previsto por el artículo 28 Constitucional.

Ésta licencia, le permite al Estado explotar cualquier invención de manera libre a través de particulares previamente autorizados, con el único fin de satisfacer una emergencia o preservar la seguridad nacional, sin que tenga que esperar que dicho conocimiento sea del dominio público, es decir, sin que se tenga que esperar a que el plazo legal de 20 años concedido para la protección de cualquier invención transcurra.

Como toda figura legal, para que esta pueda ser aplicable y ejecutable, es necesario que se agoten todos y cada uno de los requisitos que exige la LPI, los cuales se mencionan a continuación:

I. que se trate de una emergencia o de alguna situación que afecte la seguridad nacional, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General (CSG);

II. que con la falta de aplicación de esta medida se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población, y;

III. que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emita la declaratoria correspondiente y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

IV. que el Instituto fije un monto razonable de las regalías que correspondan al titular de la patente. La Secretaría de Salud será la encargada de fijar las condiciones de producción, calidad, duración y campo de aplicación de la citada licencia.

Este tipo de licencias únicamente se concederán a terceros (siempre que tenga la capacidad técnica y económica exigida por la Ley y previa aprobación del CSG) por un tiempo determinado, es decir, mientras dure la causa de emergencia o la situación que afecte la seguridad nacional que haya originado la declaratoria y no serán otorgadas a título exclusivo ni podrán ser transmisibles.

Muchos podrían pensar ¿por qué el gobierno no ha hecho uso de este tipo de figuras?, sobre todo por los tiempos de crisis sanitaria que estamos atravesando, sin embargo y, a pesar de que en la Ley todo parezca claro y sin obstáculos, en la práctica existen algunos problemas tanto prácticos como legislativos para su implementación.

El problema práctico radica en que ante las medidas adoptadas por el brote del virus y derivado del ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y del Decreto1] por el que se sanciona dicho acuerdo, la mayoría de las oficinas gubernamentales que realizan actividades no esenciales, no se encuentran en funciones, tal es el caso del IMPI pues el 27 de marzo de 2020 publicó en el DOF el Acuerdo por el que se suspenden las actividades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por causa de fuerza mayor 2], luego entonces a falta de Instituto no puede haber declaración y si no hay declaración, evidentemente no puede aplicarse la licencia en comento.

El segundo problema es meramente legislativo, pues la LPI contempla plazos hasta de 90 días para su concesión, los cuales correrán a partir de la fecha de solicitud de la licencia por un tercero ante el IMPI, este plazo al estar previsto en “días” de acuerdo con el artículo 184 del mismo ordenamiento son considerados hábiles, es decir, se trata de un plazo de aproximadamente cuatro meses a partir de la solicitud, mismo que en casos de emergencia no la hace viable, pues lo que se requiere en estos momentos es acción y rapidez.

Quizás es hora de una reforma legal que haga posible la aplicación de ésta figura de una manera que nos permita actuar con oportunidad ante otra contingencia como la que ahora nos aqueja mundialmente y no solo se trate de letra muerta en nuestra Legislación, pues es evidente que la situación actual ha rebasado a nuestro sistema jurídico vigente en Propiedad Industrial, por lo que urge una regulación que se adapte a las necesidades del México moderno.

Un ejemplo cercano a la aplicación de este tipo de licencias pero que no puede ser comparable debido que a la fecha no se ha otorgado ninguna en México al amparo de esta figura, es aquel que se originó con la epidemia de la influenza A (H1N1) en el año de 2009, virus que se propagó en la Ciudad de México y sus alrededores, causando al menos veinte muertes, poniendo a partir de entonces en alerta dicha zona; sin embargo, no fue necesaria la aplicación de tal medida toda vez que las empresas farmacéuticas encargadas de la producción de los antivirales para su tratamiento, garantizaron en todo momento el abasto de dichos medicamentos, tomando medidas que impidieron el encarecimiento o entorpecimiento al acceso de los mismos.

Otro ejemplo representativo y de actualidad, es la liberación de la patente del equipo Puritan Bennett 560 (PB 560) 3], un ventilador que permite la respiración artificial y que ha sido de utilidad para tratar a pacientes diagnosticados con COVID-19, no obstante, la liberación fue hecha por el propio titular de la patente sin necesidad de una declaratoria por parte del Instituto.

Es importante recalcar que el hecho de que el titular de una patente ponga a disposición de algunos los conocimientos técnicos que permitan reproducir su invención o proceso, no quiere decir que la patente ya pasó al dominio público, pues hay que ser cuidadosos en analizar cómo es que se transmitió ese conocimiento, ya que existen otras figuras previstas en nuestra Ley que permiten la transferencia de este tipo de conocimiento sin perder el derecho al uso exclusivo.

Yazmin Hernández

BGW Legal


[1] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020

[2] https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590675&fecha=27/03/2020

[3] Página web: https://www.milenio.com/politica/medtronic-libera-patente-ventilador-asistir-covid-19

12 Ago 20

NUEVAS FORMAS DE ENTRETENIMIENTO FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA

adminWP

En la actualidad, lo que era común ahora es especial, como una caminata al aire libre, salir con amigos, disfrutar de un concierto, ver una película en el cine, gozar de las creaciones artísticas y, obtener inspiración de los pequeños detalles para convertirlos en grandes obras que pudiesen ser apreciadas y reconocidas por el mundo, desde el punto de vista de un autor.

Tenemos una nueva forma de disfrutar de las creaciones artísticas, ya que el sector del entretenimiento es uno de los principales afectados por la contingencia actual, en un inicio, la mayoría de los proyectos esperaban una disminución pronta del contagio, por lo que se comenzó postergando las fechas de estreno de películas, lanzamientos discográficos, puestas en escena, conciertos. No obstante, la situación actual llevo a cancelar eventos que tienen audiencias masivas debido a los problemas sanitarios que pudieran ocasionar.

A pesar de estas limitaciones, se han encontrado diversas vías de entretenimiento y alternativas a favor de los artistas que han sufrido a causa de dichas medidas. En los últimos meses, se ha notado un gran incremento en el uso de plataformas de entretenimiento como lo son Netflix, Amazon video, plataformas de streaming de libros, en donde los autores reciben regalías.

Otra forma que han tenido los artistas de mostrar su trabajo son los conciertos en línea, al principio se realizaron como una muestra de apoyo, solidaridad o como una forma de acercamiento de los cantantes e intérpretes con sus admiradores, pero, recientemente se ha planteado el acceso a los mismos mediante un pago, evitando reuniones masivas, pudiendo disfrutarlo en casa.

Desde otra perspectiva no todo es tan mágico, si bien es cierto se vio un incremento en plataformas digitales de pago, no menos es cierto, que también pudimos ver un incremento en plataformas ilegales de películas, música y libros, lo que representa grandes pérdidas para dichas industrias. En primera instancia, se han cancelado múltiples presentaciones, aunado a lo anterior, si los contenidos se encuentran disponibles de forma ilegal en múltiples páginas, donde si bien, pueden ser retirados a través de denuncias por violaciones de derechos de autor, es solo cuestión de horas e inclusive minutos para que el mismo contenido se encuentre disponible en otra plataforma, por lo que representa mayores pérdidas para aquella industria.

Otra arista de este problema serían los conciertos en línea, si bien, estos permiten a los artistas obtener ciertas ganancias económicas a su favor, perdemos de vista a todos los involucrados que van desde la persona que renta el inmueble en donde se realizara el mismo, los promotores de ventas, personas dedicadas a la publicidad y promoción, staff, bailarines, servicio de comida en los establecimientos, valet parking etc., son trabajos que se están perdiendo, en primer lugar por la contingencia sanitaria y en segundo lugar, por los conciertos en línea, de los cuales no estoy en contra pero desde un punto de vista económico es benéfico únicamente durante la situación actual por todo lo que implica, además, nunca será lo mismo para un fanático el disfrutar desde su hogar por más cómodo que sea en comparación al disfrutar de manera presencial del mismo.

Un ejemplo de ello son los recientes conciertos celebrados en Alemania y Dinamarca, los cuales se realizaron cumpliendo con las medidas sanitarias ya que los asistentes acuden en sus automóviles en los cuales únicamente pueden ingresar dos pasajeros, similares a un auto cinema, dicha idea de ha comenzado a replicar con otros eventos, otra manera de seguir disfrutando del arte es el caso de Holanda que han instalado en teatros divisiones con la finalidad de evitar contagios estas nuevas formas de gozar del entretenimiento nos refrescan y traen consigo tranquilidad en una realidad en donde el distanciamiento social es una de las mejores armas para combatir a dicho virus.

Areli De Jesus

BGW Legal

12 Ago 20

¿ESTÁS ALQUILANDO O TE ESTÁN ALQUILANDO UN INMUEBLE?

adminWP

¿QUÉ HACER EN ÉSTOS TIEMPOS DE COVID-19?

Sin duda estamos viviendo tiempos complicados. La suspensión de las actividades NO esenciales en los sectores público, privado y social, está generando un problemas más, pero ésta vez económico.

La baja considerable en la actividad económica del país ha provocado una disminución salarial, la pérdida de muchos empleos, una disminución en el consumo, los cuales son factores que dificultan el seguir cumpliendo con ciertas obligaciones, como lo son, el pago de colegiaturas, servicios, impuestos, y, rentas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 15.9% de las viviendas que se encuentran en el país son destinadas al arrendamiento (es decir, más de 4 millones)[1]. Por ello, y ante el escenario económico en que vivimos, es común que nos preguntemos, ¿es posible suspender el pago de las rentas ante la actual pandemia?

La anterior inquietud no solo es una constante en nuestro país. La pandemia por COVID-19 ha afectado a casi todo el mundo, y sus gobiernos han tomado decisiones que buscan mediar el conflicto entre los arrendatarios y sus arrendadores. Tal es el caso de El Salvador, Italia, Canadá y algunas comunidades de España, países en los que se ha decidido cancelar los pagos de las rentas en tanto dure la contingencia por el virus COVID-19.

En México muy pocos son los estados que se han pronunciado al respecto. El Congreso del Estado de Baja California suspendió los pagos de arrendamientos de vivienda y negocios con la condición de que estas rentas queden congeladas, y las cuáles, deberán de pagarse una vez que la contingencia sea levantada y la economía vuelva a tener una actividad constante.

Por lo que respecta a la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a los caseros dar prórrogas en el pago de las rentas.

Es importante mencionar que en la Ciudad de México, la legislación civil permite a las partes establecer cláusulas y condiciones siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, el orden público y la moral. Por tanto, será primordial revisar el contrato en cuestión, para efectos de comprobar si se establecieron cláusulas que definan el como proceder ante un caso fortuito o de fuerza mayor.

Pero, ¿Qué pasa cuando no se establecieron esas cláusulas en el contrato? ¿Cómo se puede afrontar esta dificultad?

No se tiene un antecedente similar a lo que nos estamos enfrentando, por ello, ni en la legislación, ni en la jurisprudencia se ha establecido un precedente concreto que pueda ser aplicable.

No obstante, el artículo 2431 del Código Civil para la Ciudad de México, señala que en caso de existir, caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera totalmente al arrendatario el uso del inmueble, no se causará la renta mientras dure el impedimento

Y en caso de que éste durará más de dos meses, se podría pedir la rescisión del contrato.

Por ello, se debe atender a cada caso en particular para ver si se encuadra o no en tal supuesto, y si tú te encuentras rentando algún inmueble que se encuentre impedido para abrir, dado que el gobierno anunció el cierre de todos los establecimientos que no sean de primera necesidad, a efecto de limitar la concurrencia de la población como por ejemplo, los centros comerciales, es probable que encuadres en el supuesto establecido en líneas anteriores y puedas pedir a tu arrendador la suspensión de las rentas o bien, la rebaja de ellas, conforme a la normativa del Código Civil, pero recuerda que siempre debe estar todo por escrito.

Ahora bien, ¿qué pasa con los inmuebles de uso habitacional?

En éste caso lo dispuesto del artículo 2431 del Código Civil, no le es aplicable, por lo que no estarás exento del pago de renta, y si eres arrendador no dejarás de percibir tal ingreso, pues la legislación prevé la imposibilidad total de utilizar el inmueble, por lo que no es aplicable a éstos casos.

No obstante, siempre se recomienda a las partes llegar a un acuerdo, pues si bien, la legislación no ampara una reducción ni suspensión del pago por la condición actual que atravesamos, ambas partes pueden llegar a un arreglo, pues de existir una negativa por parte del arrendador, éste también se vería afectado, ya que por la emergencia sanitaria que vivimos, pasarían algunos meses para rentarla de nuevo.

Una propuesta para resolver ésta situación sin que afecte tanto a las partes, sería el que sea utilizado el depósito que dejó al arrendador y que éste sea aplicado a una mensualidad, y, una vez que se restablezca la economía, se cubra de manera diferida junto con las rentas que se vayan generando.

O bien, que se llegue a un acuerdo de bajar la renta en un porcentaje o se suspenda el pago de la misma y, nuevamente, una vez que se restablezca la economía, se cubra de manera diferida junto con las rentas que se vayan generando.

El panorama que se vive es difícil y solo las decisiones bien pensadas, pueden ayudar a sobrellevar de mejor manera este acontecimiento. Se invita a nuestros lectores a ser solidarios con los nuestros en estos tiempos complicados. Nadie es ajeno a la terrible crisis que esta pandemia ha venido ocasionando, y seguro cada uno de nosotros puede aportar de maneras distintas para contener de la mejor manera posible la actual situación que hasta la fecha, es indefinida.

Nuestro respaldo y abrazo solidario,

Bianca Ramírez y Emmanuel Perafán.

BGW Legal


[1] CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018”, Octubre 2018, pág. 23.

10 Ago 20

INCERTIDUMBRE LABORAL, LA OTRA CRISIS DE LA PANDEMIA

adminWP

El 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo a través del cual, el Consejo General de Salubridad declaró como «emergencia sanitaria de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y al día siguiente, ordenó la suspensión de actividades consideradas “no esenciales” hasta el 30 de abril de 2020.

El acuerdo causó confusión e incertidumbre, principalmente en el sector laboral, pues no se entendía si con esa declaración, se podían suspender las relaciones laborales en los centros de trabajo que se vieron obligados a suspender actividades, con la obligación de los empleadores de pagar una indemnización a sus trabajadores equivalente a un salario mínimo por cada día de suspensión y, durante un máximo de treinta días, sin autorización del Tribunal, tal y como está establecido en los artículos 427 fracción VII y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo.

La confusión surgió a raíz de que la ley laboral contempla que la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo está condicionada a que la autoridad competente (en este caso el Consejo General de Salubridad) declarare la existencia de una “contingencia sanitaria”, sin embargo, en el acuerdo no se utilizó esa terminología, lo que nos llevó a cuestionarnos ¿es lo mismo una emergencia sanitaria de fuerza mayor que una contingencia sanitaria?

Rápidamente, el Poder Ejecutivo y algunos miembros de su Gabinete indicaron que no era lo mismo, sin ahondar en la diferencia que existía entre una y otra, aclarando que la emergencia sanitaria de fuerza mayor declarada, no daba pie a la suspensión de las relaciones de trabajo por contingencia sanitaria, por lo que, las relaciones de trabajo no debían suspenderse y mucho menos terminarse. Con base en ello, indicaron que los empleadores tenían la obligación de pagar el sueldo completo a sus trabajadores, aunque la fuente de trabajo se mantuviera cerrada por la suspensión de actividades. Todo apuntaba a que la negativa del Gobierno a declarar una contingencia sanitaria, obedecía a la posibilidad de que la suspensión de actividades “No esenciales” se tuviera que prolongar por allá del 30 de abril, caso en el cual, se haría la declaración de contingencia sanitaria para que las relaciones de trabajo pudieran suspenderse y concederse la indemnización prevista en la ley laboral, ¡eso se pensaba!

También se esperaba que dentro de las medidas económicas que iban a ser anunciadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias del confinamiento por la pandemia, hubieran acciones tendentes a preservar las fuentes de empleo y conservar el mayor número posible de trabajos formales. Para sorpresa de muchos, ni se declaró la existencia de una contingencia sanitaria ni se estableció un plan de acción eficaz para la conservación de empleos.

El 21 de abril de 2020, se amplió la suspensión de actividades “No esenciales” hasta el 31 de mayo, sin embargo, no se declaró la existencia de una contingencia sanitaria como se esperaba, lo que evidenció que la postura del Gobierno Federal era la de no hacer uso del mecanismo previsto en la Ley Federal del Trabajo para afrontar la situación por la que actualmente estamos atravesando.

El 23 de abril de 2020, se publicó el «DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican.” Dentro de ese decreto, no se estableció ningún lineamiento que tuviera por objeto la protección del empleo.

No obstante, se hizo alusión de los llamados “Créditos a la palabra”, que consisten en la autorización de tres millones de créditos dirigidos a personas físicas y empresas familiares, con un monto máximo de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) cada uno, por lo que, consideramos que se trató de una medida ineficaz e insuficiente para la protección al empleo.

Adicionalmente, en aquél decreto se habla de la creación de 2 millones de empleos, pero no de la adopción de medidas eficaces para conservar los que ya existían.

En este contexto, algunos centros de trabajo con actividades consideradas “No esenciales” han recurrido al despido de parte de su personal. Otros, decidieron hacer convenios con sus trabajadores en el sentido de conceder períodos vacacionales, reducir el salario, la desaparición temporal de cierto tipo de prestaciones y, en algunos casos la suspensión de la relación laboral sin goce de sueldo, con el objeto mantener la fuente de trabajo. Pero, este tipo de convenios ¿está previsto en la ley? ¿son legales?

El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo permite que empleadores y empleados celebren ese tipo de convenios, siempre y cuando consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y los derechos comprendidos en él, con la salvedad de que no pueden contener la renuncia de los derechos de los trabajadores. Hay que recordar que uno de los principios rectores del derecho laboral es que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por regla general este tipo de convenios se celebran o son aprobados por la autoridad laboral, sin embargo, excepcionalmente pueden celebrarse sin intervención de la autoridad, pero en estos casos podrá pedirse ante el Tribunal, la nulidad de las convenciones que impliquen la renuncia de los derechos de los trabajadores.

Así, los convenios que se han celebrado son válidos siempre que no contengan la renuncia de derechos de los trabajadores, lo que en el panorama actual es casi imposible, dado que conforme a la propia ley, el pago del salario es irrenunciable, por lo que al momento en que se reanuden las actividades laborales se podría pedir la nulidad de los pactos sobre la reducción del salario.

Más allá de la legalidad o ilegalidad de los convenios, para afrontar la crisis laboral actual provocada por la pandemia y la falta de medidas de protección al empleo, debemos apelar a la empatía para que, con las medidas adecuadas y necesarias, patrones y trabajadores podamos mantener la fuente de trabajo activa, ya que a ninguno le conviene lo contrario.

Las medidas que se han tomado para salvaguardar la salud de la población, están generando una crisis severa en diversos sectores y el laboral no es la excepción. Según cifras publicadas por el diario “El Economista” [1], entre el 18 de marzo y el 28 de abril de 2020 se perdieron 707,000 empleos formales, conforme a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha informado que durante la contingencia, en promedio recibe 1,200 llamadas diarias para solicitar asesoría, lo que sin duda va a incrementar exponencialmente los conflictos laborales ante las autoridades del Trabajo.

Es tiempo de que patrones y trabajadores demos lo mejor de nosotros para salir adelante de la mejor manera posible, conduciéndonos en todo momento con eficiencia, responsabilidad, lealtad y honestidad.

Benjamín Mejía Sosa.

BGW Legal


[1] https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Covid-19-se-perdieron-707000-empleos-entre-el-18-de-marzo-y-el-28-de-abril-20200510-0078.html

10 Ago 20

¿DE QUÉ TRATA LA PROPUESTA DE REFORMA EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO Y EN QUÉ NOS AFECTA?

adminWP

El 8 de julio del 2020, diputados de Morena presentaron una iniciativa ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a efecto de proponer reformar el Código Civil en materia de arrendamiento inmobiliario, en específico, los artículos 2398 y 2406 y, adicionar los artículos 2403 Bis, 2406 Bis, 2425 Bis y 2431 Bis que regulan el arrendamiento para casa habitación en la Ciudad de México.

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA INICIATIVA:

  • Se amplía el concepto de arrendamiento, es decir, permite que los contratos de arrendamiento puedan ser de manera oral y no solo por escrito como actualmente lo exige la ley;
  • Le da un objetivo social al arrendamiento de casa habitación, al señalar que este debe de ser un instrumento que ayude al Estado a garantizar el derecho humano a la vivienda;
  • Propone que la vigencia mínima de los contratos de arrendamiento para casa habitación se amplíe de 1 a 3 años;
  • Prohíbe que los arrendadores de este tipo de contratos soliciten como garantía cualquier título de propiedad, como las escrituras de algún inmueble, facturas de automóviles o, cualquier bien que garantice el pago de las rentas;
  • Prohíbe hacer desalojos, aún por falta de pago, cuando no exista un contrato de arrendamiento por escrito entre las partes;
  • El arrendador no podrá solicitar más de un mes de depósito;
  • En caso de que el arrendatario quiera dar anticipadamente por terminado el contrato, el arrendador no se podrá quedar con el depósito;
  • Prevé que se deberá de notificar un lanzamiento judicial con dos meses de anticipación y, que, en determinados casos, en el momento del lanzamiento se deberá contar con personal que brinde asistencia psicosocial; y,
  • En los casos donde se vean afectados por un caso fortuito de emergencia nacional (desastres naturales, emergencia ambiental, natural) o fuerza mayor (algún desastre inevitable provocado por el ser humano), en que resulten necesarios replantear los términos del contrato, podrán hacerlo sin necesidad de ir con un juez, mediante la Justicia Alternativa, es decir, que las partes se pongan de acuerdo, a través de la voluntad, la cooperación y la comunicación en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal.

Como se puede notar de la simple lectura de los puntos centrales que contiene esta iniciativa, otorga excesivas ventajas y beneficios únicamente a los arrendatarios, provocando un mayor desequilibrio al que ya existía en las relaciones contractuales de arrendamiento para casa habitación sólo en perjuicio del arrendador.

En caso de aprobarse esta iniciativa, se afectaría gravemente el derecho a la propiedad privada, pues por un lado se limita al arrendador para pedir garantías del pago de rentas, lo que hace más difícil la recuperación de las rentas vencidas en caso de incumplimiento y por el otro, agrega en la ley requisitos que sólo harán aún más difíciles y tardados los lanzamientos para recuperar la propiedad.

Esto es, contempla que en caso de que el arrendador tramite un juicio para desalojar al arrendatario –juicios que llegan a ser, en ocasiones mayores a dos años– y en caso de que se llegue a obtener una orden judicial de desalojo, dicho lanzamiento, deberá ser notificado al arrendatario con dos meses de anticipación, lo que no hará más que poner en alerta al arrendatario y en el mejor de los casos, incentivará la presentación de amparos que sólo dilatarán el proceso.

También establece que el día del lanzamiento, éste no se podrá llevar acabo, si en el inmueble se encuentran personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, embarazadas, personas indígenas, inmigrantes, personas en asentamientos informales, niñas, niños, y otros grupos vulnerables, a menos de que, se contrate a una o varias personas que brinden la asistencia psicosocial o de cualquier otro carácter, perteneciente a una Instituciones encargada de atender su situación particular. Esto no hace más que otorgar a los inquilinos morosos mayores herramientas legales para suspender un lanzamiento y dilatar los procedimientos.

Además, resulta contradictoria solo en perjuicio del arrendador, pues, por un lado, válida los contratos orales, pero por el otro, ordena que, en caso de no contar con un contrato de arrendamiento por escrito, el arrendador no podrá desalojar judicialmente al inquilino, aún cuando éste incumpla con el pago de la renta.

Obliga a tener un contrato de arrendamiento como mínimo por tres años, lo que limita a aquellas personas que quisieran rentar su propiedad por un corto periodo de tiempo, pero obliga al arrendador a devolver el depósito en caso de que el plazo no se cumpla, depósito que, no podrá ser mayor a un mes de renta.

Todo lo anterior viola el principio de seguridad jurídica del arrendador y el principio de la buena voluntad de las partes para contratar, además de que va en contra de las normas de libre mercado, al poner límites y condiciones comerciales a la renta de vivienda.

Estas medidas proteccionistas a favor de los arrendatarios, obligarán a los arrendadores a tomar medidas más eficaces antes de rentar una vivienda, a solicitar mayores requisitos, pedir recomendaciones, hacer investigaciones más exhaustivas, ser más rigurosos con la comprobación de ingresos, todo lo que hará más difícil y dará menos acceso a ciertas personas para rentar un inmueble en la Ciudad de México, lo que en lugar de proteger, afectará a aquellos inquilinos que no puedan cumplir con los requerimientos.

Esperemos que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México analice correctamente ésta iniciativa, la que insistimos, lejos de beneficiar a los arrendatarios, desincentivará la inversión en vivienda, generando escases y alza de precios para aquellos arrendatarios cumplidos, generando precisamente el efecto contrario al que se pretende.

La versión completa de la iniciativa de referencia, la puedes consultar en el siguiente link:https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/webroot/img/files/iniciativa/IN_349_08_08072020.pdf.

Si deseas emitir un voto a favor o en contra, lo puedes hacer dando click en el siguiente enlace https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/1364.

BGW Legal

10 Ago 20

Teoría de la imprevisión

adminWP

EL PARADIGMA SOCIOECONÓMICO HA SIDO PUESTO A PRUEBA POR LA PANDEMIA. EL PRECEDENTE MÁS PRÓXIMO DATA DE HACE ONCE AÑOS CON EL BROTE DEL VIRUS DE LA INFLUENZA AH1N1. SIN EMBARGO, AHÍ ACABAN LAS SIMILITUDES, PUES LA SOCIEDAD ACTUAL ES DIVERSA, PLURAL Y GLOBALIZADA

Se está ante una oportunidad especial para analizar y redefinir principios, conceptos y estructuras jurídicas. En este artículo se analizan algunos preceptos legales que cobran relevancia en el contexto de la pandemia, en especial la debacle económica derivada de las decisiones tomadas por los gobiernos y la sociedad (el virus no la genera por sí mismo) que ha catalizado, y, con ella, la posibilidad de analizar desde la dualidad del derecho, antagonismo o contrariedad entre dos principios básicos de las obligaciones contractuales. Pacta sunt servanda. A menos de que se sea abogado, es probable que esto suene extraño, pero se trata de un principio fundamental del derecho que se reduce a que “lo pactado obliga y sujeta a las partes a lo que se comprometieron”. Por su parte, rebus sic stantibus, entendido por muchos expertos como su contrario, se traduce en lo que la ciencia jurídica denomina como “la teoría de la imprevisión”.

La teoría de la imprevisión prevé que las obligaciones derivadas de un contrato, pueden (o necesitan) ser modificadas como resultado de circunstancias extraordinarias que cambian las condiciones existentes al momento de celebrarse el contrato, para lograr restablecer el equilibrio entre las partes.

Condiciones legales en CDMX

El Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) prevé este supuesto en el artículo 1796 para los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, la parte afectada podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento que se señala en el artículo 1796 bis, que refiere que dicha modificación al contrato se debe hacer dentro de los treinta días siguientes a los acontecimientos extraordinarios y debe fundarse sobre los motivos que la generaron. Dichas circunstancias extraordinarias deben ser de carácter nacional, imprevisibles y tener como consecuencia que las obligaciones de una de las partes resulten más onerosas, lo que conlleva un provecho para la otra. La ley prevé que, en estos casos, se pueda llegar a un acuerdo que busque el equilibrio entre las partes, al tomar como base las condiciones en las que se firmó vs. las condiciones extraordinarias que se presenten.

La teoría de la imprevisión prevista en el ordenamiento antes referido, requiere que las partes cumplan con ciertas formalidades y, en caso de ser necesario, La teoría de la imprevisión prevé que las obligaciones derivadas de un determinado contrato, pueden (o necesitan) ser modificadas derivado de circunstancias extraordinarias. CUMPLIMIENTO 40 VERITAS JULIO 2020 acudan ante la autoridad judicial a efecto de determinar la existencia de un cambio en las circunstancias o condiciones económicas, de tal magnitud que la con – secuencia justa y natural sea modificar determinadas obligaciones o dar por terminado el contrato en su totalidad.

La mera solicitud de la acción no exime a las partes del cumplimiento de sus obligaciones del contrato, sino que abre la posibilidad de renegociar las obligaciones en virtud de las condiciones existentes. En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud, el solicitante puede acudir ante un juez para que dirima la controversia. Si el juez determina que la acción es procedente, la parte demandada podrá escoger entre la modificación de las obligaciones con el fin de restablecer el equilibrio original del contrato o darlo por terminado. La resolución del contrato o las modificaciones al mismo, surtirán efectos en adelante y no a prestaciones anteriores que hayan sido cubiertas por las partes. Para ello, el solicitante que ha sido afectado por la circunstancia extraordinaria, no podrá solicitarla en caso de que se encuentre en mora o haya obrado dolosamente. Podría decirse que la aplicación de la cláusula tiene dos fases, la primera de ellas es conciliatoria, las partes tienen treinta días para renegociar los términos del contrato y las obligaciones a modificar y en caso de que no logren un acuerdo, entonces se necesitará de una segunda fase dentro de los treinta días siguientes, que es frente a un órgano jurisdiccional que determine las obligaciones a modificar.

Panorama nacional

A diferencia de la Ciudad de México que incluyó estos artículos en el 2010, el Código Civil Federal (CCF) y algunas entidades federativas no prevén la teoría de la imprevisión. Algunos estados que sí regulan la teoría de la imprevisión son Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México y Chihuahua, entre otros.

Resultan destacables las previsiones legales de los códigos civiles de Veracruz y del Estado de México: el legislador veracruzano en 1997 adoptó la teoría de la imprevisión, incluyendo, por un lado, la obligación de indemnizar a la parte que resulte afectada por la reducción de las prestaciones, por no haberse cumplido el contrato en los términos originales y, por otro lado, determinaron que la prescripción para ejercer esta acción es la misma que aquella para el ejercicio de la acción de cumplimiento o rescisión, dependiendo del contrato de que se trate. En el Estado de México se señalan los supuestos en los que se puede invocar la acción, siempre que se haya incluido en el contrato que los cambios extraordinarios son sobre el motivo determinante de la voluntad. Asimismo, señala que en caso de invocar situaciones extraordinarias de manera infundada, resultará en el pago de una pena equivalente a 30% adicional a las prestaciones que estaba obligado a cumplir.

La intención del legislador al adoptar la teoría de la imprevisión, es evitar que las partes tengan contratos de imposible realización derivados de contingencias económicas, cambios de fluctuación de monedas extranjeras, de los precios en el mercado o cualquier cambio sustancial en las condiciones que no haya sido posible preverse y que, de haber conocido la circunstancia extraordinaria al momento de la celebración, no la hubiese celebrado en esos términos o no la hubiese celebrado.

En virtud de que el CCF no contiene dichas disposiciones, es discutible si en actos de comercio sería aplicable, puesto que éste es el código supletorio para éstos y no el estatal. La mecánica implementada en ley para la aplicación del principio rebus sic stantibus puede tener ciertos inconvenientes o complicaciones. Una solución preventiva es incluir cláusulas que materialicen este principio para resolver en forma más ágil y certera.

Desde el punto de vista práctico, la pandemia de COVID-19 presenta una situación tan extraordinaria, que no hay ni siquiera juzgados abiertos para invocar la intervención de la autoridad judicial; por ello, consideramos conveniente acercarse con la contraparte y lograr una amigable composición en forma oportuna.

L.D. Jack Sebastián Wolff Treizman

De la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio

jwolff@bgw.mx

10 Ago 20

Hello world!

adminWP

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